Recientemente se ha podido leer en distintos medios de comunicación las conclusiones del estudio “Análisis multinivel de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español por tipo de propiedad y gestión” realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada que, tras analizar más de 230 hospitales de 17 comunidades autónomas, concluye, entre otras cuestiones, que los hospitales gestionados bajo el modelo de concesión administrativa, conocido como el Modelo Alzira, son más eficientes que los hospitales públicos gestionados por los Servicios de Salud de las comunidades autónomas.
En este estudio se han analizado variables como las camas instaladas, el personal y el gasto en compras y servicios exteriores adquiridos. También han tenido en cuenta las altas ajustadas por casuística, las consultas externas, las urgencias no ingresadas y los procedimientos de cirugía mayor ambulatoria de cada centro hospitalario.
El estudio es demoledor en el sentido de que sólo el 2,37 por ciento de los hospitales con gestión 100 por cien pública ha demostrado ser eficientes frente al 50% de los hospitales de concesión administrativa, modelo Alzira.
Este exhaustivo informe de unas organizaciones independientes, nada sospechosas de alinearse con intereses empresariales, es una nueva evidencia de que la colaboración público-privada tiene mucho que aportar a la sostenibilidad del sistema público de salud y aconseja una mayor amplitud de miras a los defensores del monopolio público en la gestión.
¿Cuántos informes independientes hacen faltan para que determinados colectivos, algunos con gran capacidad de decisión e influencia, dejen de hablar de opacidad, de ausencia de evidencias de los resultados del modelo concesional de Ribera Salud?
El informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, el de la Universidad de Berkeley, el “caso de éxito” de la Universidad de Harvard, el informe de la Fundación Gaspar Casal de Cataluña…, no tendríamos espacio para enumerar todos, y ahora el de las escuelas y universidades andaluzas. Todas estas investigaciones demuestran que la colaboración público privada y en concreto el “modelo Alzira” aportan las herramientas necesarias a los hospitales públicos para tener mejores resultados en salud, mayor eficiencia técnica, ahorro a las arcas públicas y más satisfacción entre los pacientes.
¿Ninguno de estos estudios e informes merecen si quiera el beneficio de la duda a los ultradefensores del monopolio público en la gestión? ¿Ni siquiera los encargados por ellos mismos? ¿Es ésta una postura responsable ante el sempiterno y necesario debate de la sostenibilidad del sistema público valenciano?
Los autores de la cita investigación de Andalucía resaltan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre un 20 y un 40 por ciento del gasto sanitario de los países se pierde debido a ineficiencias de sus sistemas sanitarios. En el caso español, «diversos estudios coinciden en la necesidad de reformas estructurales que mejoren la eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS)», como apuntan los propios autores.
Seguimos pensando que en algún momento será factible un debate sereno y ausente de apriorismos políticos entre los principales actores para construir una sanidad pública eficiente y sostenible, preservando sus valores, y donde todos los modelos puedan convivir (gestión directa, pfi, ppp, concertados, fundaciones…) y se complementen donde el otro no alcance. Esperemos que cuando venga la cordura no sea demasiado tarde.